Aportes por ¢59.000 millones y gastos por ¢523.000 millones en el 2010
Contraloría pide estudios actuariales y afinar previsiones para estos pagos

El próximo año los cotizantes de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional aportarán ¢59.500 millones, pero los gastos de estos regímenes alcanzarán los ¢523.483 millones.

Por lo tanto, los cotizantes apenas aportarán el 11% del total de gastos que generarán estos regímenes.

Gobierno corrige recorte al Incofer

El resto habrá que financiarlo con el dinero de los impuestos, en un momento en el cual la recaudación tributaria disminuyó y cuando el Gobierno pelea para que lo dejen financiar los gastos corrientes con deuda.

El dato lo destacó la Contraloría General de la República en su informe técnico sobre el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario para el 2010, que presentó el Gobierno a la Asamblea Legislativa el 1.° de setiembre pasado.

En el informe el órgano también advierte que se requiere un ajuste fiscal pronto pues el actual ritmo de ingresos y egresos del Gobierno no es sostenible y llama la atención sobre la disminución de los gastos planeados para infraestructura.

El monto presupuestado para el 2010 en pensiones es un 5,9% mayor que el del 2009 en términos reales, según la estimación de la Contraloría, y representa casi un 12% del plan total de gastos.

Según la Contraloría, “el servicio de la deuda (pagos de deudas e intereses), el Ministerio de Educación y los regímenes de pensiones absorben el 71% de los recursos asignados, dejando el restante 29% para todas las funciones estatales”.

¿Por qué la diferencia? José Luis Araya, viceministro de Gastos en la cartera de Hacienda, explicó que la fuerte diferencia entre los aportes de los cotizantes y los gastos de estos regímenes obedece a que estos sistemas se cerraron y cada vez quedan menos cotizantes y más pensionados.

Los regímenes con cargo al presupuesto son ocho: Magisterio Nacional, Hacienda y Poder Legislativo, Obras Públicas, Registro Nacional, Comunicaciones, Ferrocarriles, Músicos de Bandas Militares y Régimen General de Pensiones.

Se intentó eliminar estos regímenes con la Ley Marco de Pensiones, que rige desde julio de 1992; no obstante, había que respetar los derechos adquiridos por los trabajadores.

Además, quedaron algunos portillos abiertos para que más personas se pensionaran por estas vías hasta el 2003, cuando la Procuraduría General de la República cerró las puertas para que no ingresaran más beneficiarios.

Los trabajadores que no tenían derechos adquiridos pasaron a beneficiarse del régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, del régimen de capitalización individual que administra el Magisterio Nacional y al régimen del Poder Judicial.

Estudios actuariales. En el informe técnico, la Contraloría señala: “Es necesario que se realicen estudios actuariales que determinen los recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad de los regímenes y afinar las previsiones presupuestarias para el pago de las pensiones”.

El órgano argumentó que la inexistencia de estos estudios actuariales hace que hoy la asignación de los recursos presupuestarios se realice con base en cálculos aritméticos considerando la ejecución del plan de gastos de años anteriores, proyecciones de nuevas pensiones, ajustes por costo de vida y eventuales revaloraciones en el año.

Esta “no es la metodología adecuada para la determinación de los recursos necesarios para hacer frente a los pagos”, añadió.

Fuente: http://www.nacion.com/ln_ee/2009/octubre/07/economia2114635.html